El decreto establece que los funcionarios del Vaticano pueden perder la

Roma, 18 de febrero. 21 / 04:19 pm (ACI).- En un decreto emitido a principios del actual mes, el cardenal que preside el Estado de la Ciudad del Vaticano, monseñor Giuseppe Bertello, ordenó que los usados que se nieguen a recibir la vacuna contra el COVID-19 sin motivos de salud podrán combatir multas e inclusive la terminación de su contrato de trabajo.

El decreto del 8 de febrero del cardenal Bertello, presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Localidad del Vaticano, ofrece a los gobernantes de la Santa Sede, ciudadanos del Vaticano y funcionarios de la Curia romana algunas reglas a proseguir para supervisar la propagación del coronavirus en territorio vaticano. , como el uso de máscaras y el distanciamiento físico.

El incumplimiento del decreto puede resultar en multas.

“La urgencia sanitaria debe ser enfrentada para asegurar la salud y el confort de la comunidad de trabajadores, acatando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de todos sus miembros”, apunta el archivo, firmado por monseñor Bertello, máxima autoridad de la Localidad del Vaticano. Estado y el Arzobispo Fernando Vérgez Alzaga, Secretario General de la Gobernación del Vaticano.

Entre las medidas dentro en el artículo es el protocolo de vacunación contra la COVID-19 para todos los usados y residentes del Vaticano. Recordando, en enero de este año, la localidad-estado comenzó a ofrecer la vacuna producida por Pfizer-BioNtech a sus autoridades, vecinos y demás usados.

Según el decreto del obispo Bertello, redactado en grupo con la Secretaría de Salud e Higiene del Vaticano, se evaluó “el peligro de exposición” a la COVID-19 y su transmisión a los usados en el ejercicio de sus ocupaciones laborales. De esta manera, el Vaticano “puede estimar necesario emplear una medida preventiva” que determine la administración de la vacuna para “resguardar la salud” de los ciudadanos, residentes y trabajadores.

El decreto prevé que los usados que no puedan recibir la vacuna por “fundamentos de salud comprobados” van a tener por un tiempo “destinos distintos, equivalentes o, en su defecto, inferiores” que muestren un menor peligro de contagio, sosteniendo su salario actual.

No obstante, la orden advierte que “el trabajador que se niegue a someterse, sin prueba de salud” a la administración de la vacuna, va a estar sujeto a lo preparado en el producto 6 de las reglas de la Localidad del Vaticano de 2011 sobre la dignidad de la persona y sus derechos. . .

El producto 6 de las normas dice que la negativa puede tener “consecuencias de diverso nivel que pueden conducir a la interrupción de la relación laboral”.

La Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano añade que la referencia a las probables consecuencias de negarse a recibir la vacuna “en ningún caso tiene carácter sancionador o punitivo”.

Más bien, las medidas “quieren aceptar una contestación flexible y proporcionada al equilibrio entre la protección de la salud de la comunidad y la libertad de decisión individual, sin poner en práctica ninguna forma de represión contra el trabajador”, afirma la nota.

El mensaje explica que el decreto del 8 de febrero se emitió como “una respuesta normativa urgente” y que, por tanto, la adhesión voluntaria a un programa de vacunación debe tener en consideración que la negativa del interesado puede resultar riesgosa “para sí mismo, para el resto trabajadores y para el ambiente de trabajo

Además de la vacunación, las medidas contenidas en el decreto tienen dentro: restricciones para reunir personas, desplazarse, reclamar el uso adecuado de máscaras, sostener las reglas de distanciamiento físico y observar el aislamiento profiláctico en el momento en que sea preciso.

Las multas por incumplimiento de estas medidas fluctúan en su mayor parte entre 25 y 160 euros.

Si se descubre que alguien ha violado una orden legal de autoaislamiento o cuarentena al contraer o estar expuesto al COVID-19, la multa oscila entre 200 € y 1500 €.

El decreto autoriza a la gendarmería, es decir, a la policía vaticana, a intervenir en el momento en que compruebe el incumplimiento de las medidas y a imponer multas.

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